La Polar: ¿El modelo no se toca?

Son dos las grietas que ha dejado al descubierto el escándalo de La Polar:
La primera, una normativa regulatoria que no es lo suficientemente exigente con los agentes supervisores para que ejerzan su labor con el detalle y rigurosidad necesarios; tanto los organismos de gobierno básicamente Superintendencias, como aquellos privados empresas auditoras y calificadoras de riesgo hacían su pega y emitían opiniones, que no reflejaban la realidad de la empresa, y que hicieron posible la colocación de emisiones de deuda o adquisición de acciones por actores institucionales, principalmente bancos y AFPs.
La segunda, se refiere a la normativa legal que permite entregar una tarjeta de crédito al sector no bancario en particular del retail y que además permite a las empresas renegociar las deudas impagas aplicando tasas de interés, multas, comisiones, montos de cobranzas, activaciones de seguros, DICOM y otras, que en definitiva, obligan a la persona a pagar con usura manifiesta la deuda contraída. Transformando en mejor negocio la excepción como debiera ser la mora, que la transacción real realizada.
Ambas situaciones requieren de ajustes a la normativa legal en el corto plazo, muchas de ellas por largo tiempo postergadas o congeladas como es el proyecto que obliga al retail a incorporarse a la consolidación de la deuda de sus clientes, ya vigente para el sector bancario, o como el estudio de la tasa máxima convencional, en que aparece razonable cambiar la base de los bancos privados al banco central y aplicar esa tasa a un monto máximo menor al actual, reglamentar las cobranzas y hacer transparente los seguros, son entre otros temas de la máxima prioridad.
No es explicable que hasta ahora no se conozcan sanciones a auditores y clasificadores de riesgo de la empresa, particularmente los segundos grandemente responsables de las inversiones institucionales de AFPs y Bancos.
Esevidente que la renegociación de deudas sin autorización del titular es un delito grave, tan grave como obtener lucro de instituciones que legalmente no están facultadas para eso.
No se explica porqué un gobierno que ha usado las urgencias legislativas con tanta manga ancha, no haya todavía informado a la ciudadanía de su timing respecto a los necesarios ajustes regulatorios que el modelo requiere.
Aún cuando para el Ministro de Economía esto sea un accidente, fueron justamente los accidentes con resultado de muerte los que obligaron al uso del cinturón de seguridad en los vehículos.
Cómo aseguramos que las personas paguen sus deudas sin ser víctimas de la usura, cómo fomentamos el consumo tan relevante para el modelo, impidiendo la exposición desmedida, y como aseguramos a los inversionistas institucionales que sus inversiones han sido bien hechas, es como pasamos del ideologismo excesivo de algunas autoridades actuales al pragmatismo necesario al bien común.
Es de toda lógica que el modelo requiere de otros cinturones de seguridad, aunque ya no sea tan puro ni tan casto.

Al Toque de Gong, Por favor Conéctense.

Variados temas tienen en la actualidad nuestros honorables parlamentarios para que ejerciendo estrictamente sus funciones, las personas sientan que están atendiendo sus problemas. De todos ellos, todos muy importantes quiero poner énfasis en el caso de La Polar, miles de consumidores engañados con repactaciones en las cuales ni siquiera estuvieron presentes.
Hasta aquí los parlamentarios usan sistemáticamente dos fórmulas para hacerse visibles en los temas: explotado un conflicto piden la inmediata salida de la Autoridad responsable, llámese ministro, jefe de servicio o intendente hay que sacarlo del cargo, muchas veces sí es necesario, pero esa salida no soluciona en nada el problema, ni siquiera está claro que sea un castigo. La segunda es la famosa e inútil Interpelación en la Cámara de Diputados, con el perdón de los honorables un show absolutamente intrascendente, que imagino será muy adrenalínico para los diputados y diputadas pero que es todavía más inútil que pedir la renuncia. Sin embargo hay una tercera vía sí muy efectiva.
Estamos viendo que en el caso “La Polar” la empresa propondrá importantes rebajas para quienes fueron perjudicados por el sistema creado para aumentar utilidades, interesante pero insuficiente.
Pregunta: ¿desde el punto de vista de la renegociación de la deuda qué tuvo de distinto lo que hizo La Polar, de lo que hacen todas las otras empresas del sector?
Respuesta: ¡que La Polar lo hizo con el cliente ausente y las otras lo hacen por lo que sabemos hasta aquí con el cliente presente! Diferencias, sin duda! Desde el punto de vista legal del cielo a la tierra, pero en su resultado práctico, ninguno! Algún cliente de cuerpo presente tiene el conocimiento o el poder para negociar algo de lo que se le está pidiendo que firme, bajo la amenaza de Dicom, y otros? no, no tiene el menor poder de negociación. Aprueba y firma lo que le ponen delante.
¿Alguna de estas empresas no aplica el interés máximo convencional, no hace los recargos, activa seguros, comisiones de cobranza, multas y demases? Todas hacen lo mismo.
Entonces señores parlamentarios, el tema para uds. es proponer o exigir al Ejecutivo la presentación de una regulación para ser aplicada adecuadamente a las repactaciones de deudas, porque en La Polar o en la “Tres Rulitos.S.A” el cliente ve crecer su deuda original de una manera escandalosa, se convierte en impagable y todo conforme a ley.
Regular adecuadamente no puede implicar incentivos perversos para no pagar, o endeudarse sabiendo que no habrá un castigo proporcional, pero tampoco mantener la desprotección, cómo hacerlo, bueno ahí está la pega.
Me molesta que se tome este problema en un sentido casuístico y no sistémico, que no se indique que se está ante una falla del mercado, y que por lo tanto se hace necesario intervenir en la solución, no para impedir que los sectores mas vulnerables no tengan acceso a los bienes, sino que para que lo puedan hacer sin verse afectados por su nulo poder de negociación.
Eso se pide, la intervención del Congreso Nacional para impedir que se siga produciendo la situación planteada en La Polar en cuanto a cobros exagerados que generan endeudamiento excesivo.
De lo otro se encargará la Justicia.

Terminemos con la Usura

Las malas prácticas usadas en La Polar, son producto de la falta de regulación evidente existente en el mercado de tarjetas de crédito de todo tipo, bancarias y de casas comerciales, la permisividad respecto a la norma de cobro sobre la tasa máxima convencional y la ilimitada y desregulada suma de cobros adicionales sin control alguno que en particular el retail aplica a una deuda morosa.
Dos ejemplos personales: en Enero de este año pagué con tarjeta de crédito un cuenta de una automotriz, a cuatro meses se me aplicó una tasa del 4.15% mensual, con un IPC del orden del 0.5% mensual esta es una tasa escandalosa: Emisor: Santander, Mastercard.
Segundo ejemplo propio: hace un par de años acudí a pagar una deuda de la tarjeta CMR de Falabella de mi hijo, que estaba fuera de Chile; pues bien en ocho meses la deuda subió de $12.000 originales a $50.000 por intereses, comisiones, recargos y otros pitos y flautas. Otro exceso.
De acuerdo a la ley las empresas pueden cobrar una tasa anual cercana al 50%, pero no sólo eso, además pueden incluir comisiones y cargos de cobranza y otros recargos sin que el afectado tenga el más mínimo derecho a apelación.
Si consideramos que los créditos hipotecarios están en alrededor de UF más 4 anual la tasa anterior significa que un deuda de consumo puede gravarse con una tasa de UF más 45 ¿que tal?
El sistema es francamente perverso, los mejores incentivos están dados para aprobarle a cada persona un monto que no diga relación alguna con su capacidad de pago; además el mejor negocio está en pagar con tarjeta en cuotas y si la persona se atrasa, entonces como al Sr. Alcalde le daremos un premio por tan importantes y crecientes utilidades: él es un Winner.
Hay dos caminos para salir al paso de esta vergonzosa mala práctica de nuestro mercado crediticio: una es la administrativa, vía superintendencias de Valores y de Bancos se puede actuar para incorporar en el corto plazo, medidas destinadas a impedir o inhibir estas prácticas. Es cuestión de voluntad política hacerlo ya.
La segunda, es la iniciativa parlamentaria donde sí se justificaría que el Ejecutivo enviara o patrocinara una iniciativa legal y además le pusiera un grado de urgencia, cuestión a la que ha sido tan adicto para temas menos candentes que éste.
De nada servirá invitar al ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados para que explique la situación, si ello no se acompaña de un conjunto de medidas que pongan a resguardo no sólo a los clientes de La Polar sino que a todos los consumidores que usan estos medios de pago.
Lo que esperamos no pase, es que el mal ejemplo de La Polar sea visto como una situación acotada a “esa” empresa y producto de malas prácticas de “esos” ejecutivos porque lamentablemente no es así

La U Campeón

Estrella 14
12 de Junio de 2011

Escándalo

Sabía Ud. que el actual presidente de La Polar Sr. Pablo Alcalde en ese tiempo gerente general de la empresa, obtuvo en el año 2009 el premio “gerente de la década”, en una encuesta realizada por un diario santiaguino a directores y gerentes de las empresas más transadas en la Bolsa. Lo que más destacaron de su gestión, fue la obtención de utilidades crecientes y cuantiosas. (Memoria Anual 2009, La Polar).
Permítaseme un discreto: “Así no Vale”.
Las cuestiones a responder sobre este escandaloso caso son:
1.- Cómo es posible que este Directorio presidido por el ex gerente de la entidad no supiera lo que estaba pasando, y como tampoco los anteriores directorios, al menos los dos últimos tampoco lo supieron. Para aquellos que no tienen porqué saber de estas cosas, esto es completamente inverosímil, las empresas tienen Comités de Directores cuya función es conocer en detalle la operación de la empresa.
2.- Cómo es posible que la empresa auditora haya aprobado los balances respectivos, señalando que “presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresas La Polar S.A., de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile”, sí evidentemente, no era así. Qué clase de auditoría se efectuaba a esos balances.
3.- Cómo es posible que las Clasificadoras de riesgo que analizaron la situación de la empresa para permitirle la colocación de varias emisiones de bonos por unos cuantos miles de millones de pesos, hayan asignado una calificación que permitió que actores institucionales, entre ellos las AFP, con platas de los trabajadores compraran estos bonos de una empresa cuya situación real no era la que se expresaba.
4.- Qué rol cumplen los famosos directores elegidos por las AFP entre ellos, los independientes, que no tienen la suficiente diligencia y pulcritud para cumplir con eficiencia su trabajo, representando a millones de trabajadores.
5.- Qué pasa con los organismos estatales, superintendencias de Bancos y de Valores que tampoco han sido capaces de resguardar el interés general, y de hacer cumplir la legislación vigente.
6.- Cual es el aporte específico de las sofisticadas corredoras, que aparecen periódicamente en los medios, “recomendando” la compra de acciones como la de esta empresa, para qué sirven sus departamentos de estudio o análisis si no ven más allá de lo que oficialmente se está informando, acaso no debieran devolver también sus comisiones mal ganadas con recomendaciones como éstas.

El tema de las tarjetas de crédito de las empresas del retail, hace mucho tiempo que está en cuestionamiento, no se sabe porqué no están reguladas por normas similares a las de del sistema financiero, no se sabe porqué no se ha aprobado una ley que permita conocer en forma consolidada la deuda de las personas incluyendo el retail, no se sabe porqué en general todas las empresas del sector lucran más con la venta a crédito por tarjetas, y por último tampoco se legisla sobre el escándalo que significa reajustes, intereses, comisiones especiales y otras, que multiplican varias veces la deuda original.
Todo esto se ha puesto de nuevo de actualidad a propósito del sucio actuar de la empresa con el gerente de la década, según sus pares.
Una mención especial para el SERNAC que en todo este caos han puesto una nota de cordura entregando la asesoría que se requiere y espera de un ente estatal.

Vamos, que se puede.

Como todos los años la negociación del reajuste del salario mínimo empieza a generar polémica, los argumentos repetidos en cada negociación se conocen de memoria, para unos hay que cuidar el empleo, porque un aumento del salario mínimo mas allá de lo conveniente, nunca se define "conveniente" afecta severamente el empleo, para los otros como hay muchos trabajadores que ganan como ingreso el mínimo, es necesario que ese salario permita satisfacer al menos las necesidades básicas y por lo tanto debe ser reajustado.

Personalmente no considero que el actual salario mínimo afecte los niveles de empleo, las tasas últimas de desempleo se encargan de ratificarlo y sí es un hecho que cuando se planteó el famoso salario ético se hablaba con bastante consenso en montos bastante superiores al actual mínimo.Por lo tanto creo que si se quiere ser consecuente hay espacio para llegar a aceptar la propuesta de la CUT.
Dos elementos adicionales refuerzan estos argumentos, durante todo este período la Autoridad económica nos ha dicho que tenemos una economía sólida de la cual se espera un crecimiento de alrededor del 6% para este año, resulta natural entonces que los frutos de ese crecimiento se repartan entre todos sus actores y en particular favorezcan a aquellos que se encuentran más abajo en la escala, ergo el salario mínimo debiera crecer sustantivamente. El segundo argumento tiene que ver con la inflación o pérdida del poder adquisitivo de quienes viven de un sueldo durante los últimos doce meses, y aquí estamos hablando de tasas del orden del 4,5% y si se consideran las alzas ocurridas en los alimentos en el mismo período entonces el guarismo es cercano al 7%.
Uno y otro argumento permiten aseverar que aumentar el salario mínimo de los actuales $170.000 a $190.000 resulta del todo justificable y además es posible sin afectar ni los equilibrios macroeconómicos, ni tampoco los niveles de empleo.
Aunque es posible que no lo piensen así, cada vez que se produce una discusión de este tipo, la derecha deja la sensación que en su modelo de economía los trabajadores sólo son preocupación en cuanto tengan acceso a empleo,si hay empleo los trabajadores deben sentirse satisfechos, si las remuneraciones que reciben no son las correctas aunque se originen en fallas del modelo "es mejor no intervenir", si ese empleo lleva asociado una remuneración acorde con la situación económica del país y con las productividades del trabajo, no tiene ninguna conexión ni preocupación para estos economistas.
La determinación de un salario mínimo tiene que ver nos guste o no con fallas de mercado que permiten que en ausencia de legislación protectora las personas se vean obligadas a trabajar por remuneraciones al borde de la subsistencia o que producto de las asimetrías en la capacidad de negociación reflejen una injusticia que ofende al bien común.

Impresentable II (linkeado a www.cooperativa.cl)

Agradezco los comentarios realizados por trabajadores de CORPVIDA en cuanto a la existencia de un bono de gestión para una parte de los trabajadores de la empresa y a confirmar que no hay otros beneficios. No hay nada especial contra esa empresa, pero lea con atención las próximas líneas que son parte del comunicado de la empresa previa a la votación de la huelga, legal por cierto:

“1. De concretarse la huelga, la Compañía retirará lo propuesto y la oferta que se mantendrá será la última oferta formal entregada el 13 de mayo a la Inspección del Trabajo.
2. El día en que se deba hacer efectiva la huelga, la empresa permitirá el acceso a los trabajadores sindicalizados que deseen trabajar. Si ingresa más del 50% de los trabajadores, la huelga no se lleva a efecto. De lo contrario, se inicia la huelga, y la empresa está obligada por ley a no permitir el ingreso de ningún sindicalizado, aún cuando los trabajadores sindicalizados deseen trabajar.
3. La huelga sólo afecta a los sindicalizados que participan del proceso de negociación, el resto de la Compañía continuará funcionando en sus labores diarias.

Efectos de la huelga para los trabajadores involucrados:
1. Se entiende suspendido el contrato individual de trabajo, esto significa que cesa la obligación del empleador de pagar remuneraciones, beneficios y regalías y, por su parte, la obligación del trabajador de prestar servicios,
2. Se suspende el pago de imposiciones o cotizaciones previsionales.
3. El plazo mínimo de duración de la huelga es de 15 días. Posteriormente, los trabajadores pueden negociar individualmente su reintegro”.

¿Puede parecer ésta una forma correcta de relacionarse con los trabajadores durante un proceso de negociación, para una empresa de la categoría y equipos profesionales de la que estamos hablando?
Para aquellos que no están habituados a conocer las llamadas prácticas antisindicales acá tienen un buen ejemplo de lo que se alude con este concepto.
No parece correcto amenazar con despidos inmediatos si se asume la huelga, ni con negociaciones individuales de reintegro.
Cuidar la fuente laboral, no puede incluir la renuncia irrevocable a solicitar mejoras de parte de los trabajadores, más aún si ellas se realizan dentro de un proceso regulado por una ley de la República.
Es tan claro el interés del legislador por establecer un mecanismo equilibrado de negociación empresa trabajador, que justamente se establecen una serie de normas para evitar o impedir que alguna de las partes en este caso la empresa pueda ejercer presión ilegítima hacia la otra. Por ello se sancionan las prácticas antisindicales.
En el Chile de hoy un tema pendiente tiene que ver con las inequidades extremas que aún son parte de nuestro sistema. Esa es la razón por la cual este caso me ha parecido de interés.

Impresentable!

Las Compañías de seguros corresponden a un sector de la economía, que ha tenido un amplio desarrollo en Chile, cuya fortaleza acaba de ser demostrada a propósito del terremoto de febrero del 2010, no hubo ninguna de ellas que exhibiera problemas de solvencia al momento de tener que responder por los seguros contraídos.

Durante los primeros meses posteriores al terremoto vimos como se publicaban a página completa los avances que se iban realizando; en un escenario difícil y con urgencia para los damnificados, al menos los siniestros con asegurados personas, fueron expeditamente liquidados y cancelados. La mayor parte de los problemas ocurridos no tienen relación con las Compañías.

Los chilenos podíamos estar tranquilos en cuanto a la respuesta de las Compañías de seguro ante un evento catastrófico como un terremoto con inundación.

Por esto resulta impresentable en el Chile de hoy tan próxima al desarrollo, en un sector con empresas que exhiben enorme fortaleza, la huelga legal de los trabajadores de CORPVIDA, y no porque no haya acuerdo entre empleadores y trabajadores, sino que por el tipo de peticiones que los trabajadores hacen y que no son aceptadas.

Se imagina ud. que en un sector de este tipo, existan trabajadores que no hayan tenido NUNCA beneficios del tipo de aguinaldo de fiestas patrias y navidad, que una compañía de seguros de vida no ofrezca a sus trabajadores como parte de sus beneficios un seguro de vida o enfermedad y otros beneficios que incluso existen en pequeñas empresas y además utilice todo su poder para impedir que los trabajadores se organicen.

Bueno CORPVIDA es un ejemplo de ello y además hace más de veinte años que los trabajadores vienen solicitándolos y no se escucha.

Esta empresa de seguro de vida es parte de uno de los grupos más poderosos de Chile, el Grupo Saieh, dueño además de COPESA y UNIMARC entre otras empresas líderes.

Me da la impresión que veinte años son suficientes para acumular los recursos necesarios para consolidar la empresa y que ya llegó el momento de compartir algo de eso con sus propios trabajadores, al menos algún seguro podría ser parte de los beneficios de una negociación colectiva, en este caso para la empresa es un beneficio al costo.

Sería interesante saber cuantos casos parecidos a este existe en el mundo de los grandes negocios, y por otro lado cómo se hace imprescindible facilitar las condiciones de asociación de los trabajadores incluso en las grandes empresas.